TIJUANA.- El Colegio de Abogados Constitucionalistas manifestó su preocupación por la forma en que fue ejecutada la detención y la posterior exposición pública de Ernesto “N”, exgobernador de Baja California, quien permanece detenido en la Ciudad de México por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.

A través de un pronunciamiento firmado por su presidenta, Viviana Lozoya Rodríguez, el organismo aclaró que no emite una postura sobre el fondo de la investigación ni sobre una posible responsabilidad penal del exmandatario.

El Colegio sostuvo que toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no exista una sentencia dictada por una autoridad judicial.

También advirtió que la exposición pública de personas sujetas a una investigación penal puede afectar su dignidad, honor, imagen y prestigio, además de generar un prejuzgamiento social.

“La justicia se administra en sede jurisdiccional, a través de determinaciones fundadas y motivadas dictadas por autoridad competente, y no en el foro de la opinión pública”, señaló el organismo.

El pronunciamiento establece que el combate a la impunidad debe realizarse con rigor y apego a la legalidad, pero sin vulnerar derechos fundamentales ni incumplir las formalidades esenciales del procedimiento.

Por ello, el Colegio exhortó a las autoridades responsables de la investigación a conducirse con neutralidad, respetar el debido proceso y evitar que la divulgación mediática de las diligencias sustituya las resoluciones que corresponden a los jueces.

Ernesto “N” fue gobernador de Baja California de 1989 a 1995 y se convirtió en el primer mandatario estatal de oposición en México. Actualmente enfrenta un proceso federal relacionado con una investigación por presunto contrabando de hidrocarburos, también conocido como huachicol fiscal.