TIJUANA.- Ante la disminución de recursos y personal para inspección y vigilancia de los recursos naturales por diferentes dependencias del Gobierno Federal, en el territorio de Baja California, resulta oportuno que el Gobierno del Estado haya retomado la implementación de la Procuraduría Ambiental Estatal.

En opinión del director del Centro de Innovación y Gestión Ambiental México A.C., José Carmelo Zavala Álvarez, destacó que el reto para esta nueva institución será definitivamente la inspección y vigilancia, y desde luego el control de los recursos naturales y explotación en todo el territorio estatal.

“Vale la pena que Baja California tenga una Procuraduría fuerte, tecnológicamente avanzada, con equipo, con desplazamiento, con inteligencia, para poder dar una inspección decente de los recursos naturales”, planteó.

José Carmelo Zavala, destacó la importancia de que los gobiernos estatal y federal logren convenios respecto a las competencias institucionales y la Procuraduría Ambiental Estatal, alcance el dominio del territorio bajacaliforniano.

Existen una serie de dependencias y competencias que ya cuentan o que podrían realizar estos convenios, como el existente con la Ley de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) que inspecciona las gasolineras.

“Vale la pena que el Gobierno Estatal sepa y vigile que no descarguen sus aguas aceitosas, sus lodos aceitosos en el drenaje de las ciudades que son competencia estatal. Vale la pena hacer vivo y aplicable este convenio”, planteó.

Otra área de oportunidad con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), es la generación de residuos peligrosos, señaló el experto en temas ambientales, quien aseguró que hay en el estado una cantidad infinita de microgeneradores como, talleres mecánicos, yonkes, farmacias, estéticas, talleres de carrocería y pintura, entre otros, que están en el limbo y falta una autoridad que realmente revise.

“Vale la pena que se revise porque estos residuos peligrosos van a los basureros y tienen un efecto multiplicador de 20 a 30 veces más”, recalcó.

Otra área de oportunidad, explicó Zavala Álvarez, quien es egresado del programa LEAD por el Colegio de México, es la inspección y vigilancia en el área de vida silvestre, ya que en la entidad se autoriza cacería de venado, puma, gallito de monte, entre otros, pero no de borrego cimarrón, mientras que, en Baja California Sur, si está permitida la caza de esta especie.

“Una frontera imaginaria entre Baja California y Baja California Sur, en la misma sierra colindante hay cacería de borrego cimarrón, una especie que tal vez son cinco o seis individuos que se cazan en territorio de Baja California Sur, de 60 a 70 mil dólares cada. La inspección y vigilancia en nuestro estado es nada y entonces la cacería furtiva está en su auge.

Desde el Centro de Innovación y Gestión Ambiental México A.C., José Carmelo Zavala Álvarez, aplaudió la decisión del Gobierno de Baja California de crear como institución a la Procuraduría Ambiental Estatal. Precisó la importancia de darle las herramientas y recursos necesarios para cumplir su función.

“Si no tenemos suficiente inspección y vigilancia, estamos en el Disneylandia de los malandros, porque el crimen organizado participa de manera destacada en la extracción de muchas especies y estamos perdiendo nuestro capital natural”, señaló.