Tijuana, Baja California, a 25 de septiembre de 2020.- El Gobierno del Estado a través Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), levantó la suspensión en las instalaciones de la Dirección Municipal de Salud, luego de que la Consejería Jurídica del XXIII Ayuntamiento de Tijuana, realizara el trámite para el Aviso de Funcionamiento que permite su operación, acciones instruidas por el presidente municipal, Arturo González Cruz, a fin de privilegiar la salud de los ciudadanos.

En este sentido, el Consejero Jurídico, Salvador Gómez Ávila, informó que desde el día jueves 24 de septiembre, acudieron a las instalaciones de la dependencia estatal para presentar la documentación correspondiente que acreditara la regularizaron de los procedimientos administrativos, posterior a eso, el personal de la Coepris, determinó que el Gobierno Municipal cumplió con lo solicitado, resolvió quitar los sellos de suspensión.

“Tal como nos lo instruyó el primer edil, Arturo González Cruz, se atendieron las observaciones que nos indicó la Coepris, se regularizó el Aviso de Funcionamiento; de igual modo, se autorizó levantar la medida de seguridad para inhabilitar el producto asegurado para depositarlo en el contenedor de residuos peligros para su destrucción correspondiente, por lo que a partir de este momento, se restablece el servicio médico para los colaboradores municipales y sus familias, que en estas 24 horas dejó de atender a más de 260 personas”, explicó Gómez Ávila.

En el levantamiento de los sellos de suspensión estuvieron presentes el director Municipal de Salud, Juan Carlos González Valle; el comisionado Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, David Ignacio Gutiérrez Inzunza; el director de Control Sanitario, Carlos Zarate Chávez; así como el personal de servicios médicos municipales y de la Coepris.

El XXIII Ayuntamiento de Tijuana reitera su postura de qué tal suspensión fue arbitraria, de manera irresponsable y negligente, ya que se vive una pandemia a nivel mundial, por lo que dejar sin servicios médicos a más de 8 mil 200 personas era una afrenta al derecho a la salud de las personas, por lo que se dará seguimiento a las denuncias interpuestas para deslindar responsabilidades, pues con la salud de la gente no se juega.