TIJUANA.- Para lograr más y mejores resultados en las investigaciones para llevar a delincuentes a proceso, el Fiscal General del Estado, Ricardo Iván Carpio Sánchez, solicitó al Congreso del Estado un presupuesto por 2 mil 440 millones 854 mil 245 pesos para ejercer en 2023.

Fue ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que preside la diputada Julia Andrea González Quiroz.

En su exposición de motivos, el Fiscal detalló que se invertirán principalmente en seguro de vida al personal de la Fiscalía por 17 mdp.

Contratación de 95 plazas nuevas distribuidas en 20 para Ministerio Público, 40 auxiliares del M.P., y 35 peritos, lo que representa 39.4mdp.

En modernizar y equipar el laboratorio genética por 68.2 mdp, con lo que se abatirá el rezago para identificación de víctimas.

Equipo táctico y de protección para los elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) por 47.1 mdp.

Dotar de uniformes y accesorios para la AEI y cadetes por 12.1 mdp; 51 vehículos para la AEI y 2 vehículos para el Instituto Estatal de Investigación y Formación Interdisciplinaria por un total de 58.5 mdp.

Además de habilitar el Instituto Estatal de Formación de agentes en Investigación (IEIFI) para formar a los nuevos agentes de investigación.

Se incluye las instalaciones, equipamiento, becas a estudiantes, pago instructores y cursos de capacitación, por 12.4 mdp; además de consolidar el proyecto Justicia Digital.

Incluye conclusión del CDT, sistema integral para diligencias del MP y AEI, generación de inteligencia, IPH, comunicación en línea con otras instancias, equipo de cómputo, enlaces, por 105.3 mdp, detalló Iván Carpio.

Todo para proteger y garantizar el derecho de las víctimas a la justicia; van a fortalecer la investigación y persecución de los delitos; combatir la impunidad y corrupción, ademas de la profesionalización del personal, principalmente.

Participaron en esta sesión de trabajo, en la fase de preguntas, las y los diputados Julia Andrea González Quiroz, Manuel Guerrero Luna; Sergio Moctezuma Martínez López; María del Rocío Adame Muñoz, Alejandra María Ang Hernández, Michel Sánchez Allende, Daylín García Ruvalcaba, Rosy García Zamarripa, Evelyn Sánchez Sánchez y Alejandrina Corral Quintero.

Los legisladores plantearon diversos cuestionamientos con respecto a nuevas plazas; la eficiencia en los mecanismos de solución de conflictos del Sistema Estatal de Justicia Alternativa Penal; también en materia de violencia hacia la mujer; Fiscalía Especializada en Delitos hacia las Mujeres por razón de género; además sobre preparatorias militarizadas, honorarios asimilables, armamento para seguridad, impartición de justicia, entre otros temas.

El equipo de la Fiscalía respondió que en materia de equipamiento será gestionado con recurso federal, mientras que en la parte de la ciencia relativo al esclarecimiento de hechos es necesaria y se requiere para el proceso penal, por ello se requiere la inversión en este rubro.

Apuntó que en el tema de Alerta de género se incrementa el presupuesto en un 50 por ciento enfocado a la capacitación, certificación técnica, científica y contar con el perfil adecuado para el acompañamiento jurídico y medica en el mismo lugar.

En el tema de seguridad declaró que existe una coordinación entre las diferentes autoridades federales, estatales y municipales a fin de atender las demandas ciudadanas, lo que ha generado diversas detenciones y prevención de diversas situaciones que brinde y atiendan la seguridad de la población.

Finalmente, la diputada Julia Andrea González Quiroz solicitó conocer el porcentaje de población informada por parte de la FGE, situación de la preparatoria militarizada y gastos por comprobar. A esto respondió que la comprobación se encuentra en un 95 por ciento de avance, expresó que la institución militarizada pasó a la estructura de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, en este momento se requiere armonizar la reforma en esta materia, actualmente sigue coordinado por el Comité Ciudadano; en cuanto a la difusión señaló que están trabajando en una estrategia para que la ciudadanía pueda informarse de manera trasparente sobre las formas en que puede tener acceso.