TIJUANA.- La intención de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) de sancionar a los establecimientos de Baja California que no pidan certificados de vacunación se hizo sin fundamento legal.

Así lo expresó el presidente del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes (COCI), Carlos Atilano Peña.

Comentó que para tener un efecto jurídico tiene que ser publicado en el Diario Oficial, y estas confusiones pueden llegar hasta violaciones de derechos humanos.

‘’El que te prohíban el acceso a un establecimiento por la falta de acreditación es un acto discriminatorio, en términos estrictamente constitucionales’’, declaró

Espera que la autoridad no emita posiciones que confundan a la sociedad, y que no sea un instrumento de extorsión a comercios.