TIJUANA.- Luego de que la semana pasada el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, firmara un acuerdo para regularizar los llamados «autos chocolate», el Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana (CCE) urgió a establecer mesas de trabajo con expertos en el tema y que esto no afecte al comercio establecido.

«Aunque es un tema que ocupa de una resolución urgente y definitiva, es pertinente se escuche el punto de vista de los distintos sectores involucrados, por la trascendencia y consecuencias que traerá consigo a actividades productivas clave de la economía nacional y de la región fronteriza norte del país», apuntó el Lic. Francisco Rubio Rangel, presidente del organismo cúpula.

Desde el punto de vista empresarial, dijo, esta determinación de Estado debe priorizar el impacto económico de dicha decisión, donde se privilegie el principio de legalidad, el factor seguridad pública y, sobre todo, que sea un programa realmente enfocado a familias de medianos y bajos ingresos.

Para elllo, apuntó el dirigente, se deben establecer mesas de trabajo en las que se analice el tema, de manera que no se afecte al comercio establecido, pues tampoco se trata de premiar al ilegalidad.

«Nos preocupa que esta iniciativa encierre mucha incertidumbre, pues se desconocen las líneas generales de dicho acuerdo, no se puntualiza cuál será el fundamento legal ni las condiciones bajo las cuales se regularizarán los autos», apuntó.

El presidente del CCE Tijuana mencionó que en se tiene estimado que en Baja California existen alrededor de 600 mil “vehículos chocolate”, cantidad que a diario irá creciendo mientras no se ponga un tope.

Mientras, agregó, en el Registro de Identificación Vehicular del Estado se habla que solo existen registradas 40 mil unidades irregulares, lo cual es un punto rojo ante la expectativa de esta regularización.

Por último, el líder empresarial hizo un llamado al gobierno federal a emitir una disposición o regla fiscal de comercio exterior que determine que todo vehículo que en adelante se haya internado ilegalmente al país, será embargado, otorgando un plazo perentorio de hasta 30 días para que el interesado pueda desvirtuar los hechos.