TIJUANA.- Por violencia política de género que desembocó en abuso de autoridad y acoso laboral, la Síndica Procuradora de Tijuana, María del Carmen Espinoza Ochoa, fue demandada ante la Unidad Técnica de los Contencioso del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) por la Oficial Mayor de Tijuana suspendida de sus funciones, Ana Leticia Salcedo Quiróz.

La demanda despachada el 11 de este mes y dirigida al Secretario Ejecutivo del IEEBC, Raúl Guzmán Gómez, fue admitida oficialmente por la dependencia el 15 de diciembre en la ciudad de Mexicali.

“Esta demanda representa un aliciente para los funcionarios públicos que somos víctimas de violencia política de género, que se traduce en un acoso proveniente de una autoridad y figura de elección popular ante un jerárquico inferior como es mi caso” explicó Salcedo Quiroz.

De acuerdo a la funcionaria suspendida, el termino acoso está referido a un hostigamiento derivado del abuso de autoridad y la querella sienta un precedente ya que muchos trabajadores no se atreven a inconformarse ante la arbitrariedad de Espinoza Ochoa por temor a sus represalias.

“He presentado de manera personal esta demanda en virtud de que desde un inicio la Síndica usando su poder jerárquico reiteradamente mientras yo cumplía con mis funciones exhibió mi imagen para genera comentario negativos en mi contra a través de su redes sociales”, expuso.

Uno de esos ejemplos, aseguró, fue al inicio de la administración cuando le solicitó las oficinas de la Sindicatura Social que había sido extinguida del organigrama por administraciones anteriores, además de convocar a personas ajenas a la administración invito a medios de comunicación para mostrar su mayor jerarquía e impedir su trabajo.

Salcedo Quiroz, suspendida a destiempo de manera cautelar para que Sindicatura investigara el despido de un trabajador de esa dependencia realizado desde hacía un año, aseguró que fue víctima de un nuevo abuso de autoridad cuando de manera dolosa se uso su imagen en las redes sociales de Espinoza Ochoa para indicar que se le habían negado un amparo.

“Fomenta los comentarios negativos hacia mi persona prejuzgándome como responsable y aseverando en nombre de los juzgados federales que se me había negado el amparo, adelantándose a un veredicto. Por ello en la demanda se incluyen como prueba de sus actos todas las referencias mediáticas y en redes sociales que muestran el acoso del que he sido objeto” concluyó.