MEXICALI.- El Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California se ha ajustado a la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público, de la Ley de Disciplina Financiera y de la propia Constitución Política del Estado con relación a las erogaciones, en particular al pago de honorarios del consejero Ricardo Esteban Zurita Lopez.

El secretario Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California, Luis Irineo, desmintió los señalamientos sobre supuestas ilegalidades al incumplir con el pago de los honorarios que hizo este integrante del Comité de Participación Ciudadana en un escrito dirigido al Congreso del Estado.

Al contrario, explicó, la labor ha sido apoyar a los consejeros en igualdad de condiciones y cada erogación se realiza conforme a las leyes, además que se informa periódicamente a la Secretaría de Hacienda del Estado, por ser un organismo descentralizado, y al Órgano de Gobierno del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California.

Cada consejero ciudadano recibe 30 mil pesos brutos mensuales, de acuerdo al Presupuesto de Egresos autorizado por el Órgano de Gobierno del Sistema Estatal Anticorrupción y en Presupuesto de Egresos.

En el caso particular del consejero Ricardo Esteban Zurita López se le autorizó un pago de 131 mil pesos correspondiente al periodo del 6 de septiembre al 31 de diciembre de 2018.

Zurita Lopez rindió protesta el 6 de septiembre de ese año, a diferencia de los otros nueve consejeros técnicos que lo hicieron el 12 de junio, por ello la diferencia de montos.

Por acuerdo del Órgano de Gobierno del SEA se realizó su transferencia bancaria como a cada uno de los consejeros sujetos al pago de honorarios, ya que los cinco restantes se les consideró consejeros honoríficos sin pago alguno.

En septiembre de 2019, Zurita solicitó la diferencia de pago con relación al obtenido por los otros integrantes del CPC, por lo que el 8 de octubre se le dio esa respuesta contenida en el expediente DJ/045/19 donde se argumenta el impedimento legal de su petición.

Ahora, el 18 de junio de 2020, envió un escrito al Congreso del Estado donde señala ilegalidades para su pago de 2019 y el parcial de 2020, señaló Irineo Romero y explicó que la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público apunta que una erogación se justifica con los documentos legales que determinen el compromiso u obligación de hacer el pago, en este caso los contratos.

Zurita López no ha firmado ni ingresado dichos documentos a la Dirección de Administración y Servicios del SEA para que proceda el pago de sus honorarios.

Sobre el caso particular de este consejero que se ha negado a firmar sus contratos, corresponde al Órgano de Gobierno del SEA la decisión sobre su pago o su reintegro a la tesorería estatal, tal y como se planteó en la documentación presentada para la reunión que se canceló en marzo de 2020 a consecuencia del acuerdo del Comité Coordinador, a petición del propio consejero y de la secretaria de la Honestidad y la Función Pública Vicenta Espinoza hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación envíe al Congreso local los alcances de la sentencia sobre la integración del SEA.