TIJUANA.- En un acto sin precedente en la historia de Baja California, el Gobierno estatal que encabeza el Ing. Jaime Bonilla Valdez, investiga casi 400 cuentas de consumo de agua potable por actos de corrupción al interior de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT).

Esta es la primera vez que una administración estatal realiza una auditoría profunda en la CESPT, la cual se conocía como la “caja chica” por su gran cúmulo de irregularidades en el manejo del presupuesto público.

A través de la Secretaría de Honestidad y la Función Pública se ha profundizado en la revisión de la operación de la paraestatal, la que durante 20 años fue objeto de saqueo y daño patrimonial por parte de ex servidores públicos.

De acuerdo a la información proporcionada por la Secretaria de Honestidad, Vicenta Espinoza, en la investigación se han detectado irregularidades en cuentas pertenecientes a grandes empresarios de Tijuana, como la falta de pago, pago en montos menores al real, omisiones en pagos de derechos de agua, drenaje, así como tomas clandestinas y falta de medidores.

De igual forma se detectaron actos de simulación de pago por parte de empresarios en contubernio con ex servidores públicos que representan hasta mil millones de pesos en deuda por derechos y de consumo de agua.

“Parte del trabajo que se ha realizado por instrucción del Gobernador del Estado, incluye la inspección de documentos al interior de la Comisión Estatal de Servicios Públicos y posteriormente la inspección física de las cuentas que están siendo investigadas, resultando en algunos casos en los que no se encuentra el medidor o existen tomas adicionales, lo que no permite un control correcto del manejo de agua y su respectivo pago”, abundó.

De acuerdo a esta investigación, empresarios de renombre como David Guakil, José Fimbres, Francisco Carrillo, entre otros, fueron objeto de cobros millonarios por adeudos que tenían, así como daño patrimonial a la nación.

La Secretaría de Honestidad y la Función Pública evalúa la posibilidad de presentar una denuncia penal contra los involucrados por la posible comisión de delitos como robo de agua y fraude al organismo paraestatal.