TIJUANA.- El traspaso del Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT) al Gobierno del Estado está frenado por un litigio de alrededor de mil 300 millones de pesos con la empresa operadora, informó el regidor Arturo “Napo” Aguirre.

Hasta que se resuelva el conflicto, la transferencia de la infraestructura de la Ruta Troncal permanece pendiente. El Ayuntamiento busca un convenio con la compañía para destrabar el proceso y permitir que la administración estatal disponga de las instalaciones para otro proyecto de movilidad.

El presidente de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Desarrollo Metropolitano, Obras y Servicios Públicos explicó que la eventual aprobación del acuerdo tampoco significaría una entrega inmediata de dinero.

Cualquier pago, sostuvo, estaría sujeto a las disposiciones legales, la disponibilidad presupuestal y los mecanismos de vigilancia correspondientes.

El sistema comenzó a desarrollarse en 2013 para atender las necesidades de movilidad de hasta medio millón de habitantes. El proyecto contemplaba 30 autobuses troncales y 120 unidades alimentadoras; hoy, de acuerdo con el edil, opera con apenas dos unidades troncales.

“El SITT tenía la posibilidad de mejorar significativamente la movilidad de Tijuana, pero las decisiones equivocadas y el abandono de administraciones anteriores provocaron su fracaso”, expresó.

Sobre su relación con la operadora, Aguirre afirmó que dejó el Consejo de Administración del SITT, S.A. de C.V., en 2022 y que desde entonces no participa en su dirección ni en sus decisiones.

Reconoció que Grupo Calfia conserva una participación del siete por ciento en la empresa y que existen adeudos con instituciones financieras por créditos y recursos destinados a la operación del sistema.

El regidor aseguró que no intervino en la negociación del convenio ni lo firmará. Añadió que presentó su excusa ante el Cabildo y se abstuvo de participar en la discusión y votación del asunto.

Aunque planteó aprovechar la infraestructura para un nuevo esquema de transporte que beneficie a la Zona Este, ese propósito sigue condicionado a la solución del litigio. Por ahora, el traspaso al Estado no se ha concretado.