TIJUANA.- Desde el 18 de septiembre, entró en vigor en Estados Unidos una nueva regla de carga pública que amplía los criterios que los oficiales migratorios pueden considerar al evaluar solicitudes de ingreso o ajuste de estatus.

La abogada Josefina Orozco López explicó que esta modificación otorga mayor discrecionalidad, analizando aspectos como salud, ingresos, empleo y beneficios públicos, pero aclaró que recibir ayudas como Medicaid o SNAP no implica automáticamente una negación, sino que cada caso se evalúa de manera individual.

Recomendó a los migrantes no cancelar beneficios ni ocultar información por miedo, y revisar cuidadosamente su categoría migratoria.

Además, enfatizó la importancia de fortalecer la documentación relacionada con empleo, ingresos y apoyo familiar, ya que la evaluación será más integral para determinar la autosuficiencia del solicitante.