TIJUANA.- El verdadero “Cártel Inmobiliario” lo integra una presunta red de funcionarios y particulares vinculados a prácticas irregulares en el sector inmobiliario, así lo denunció el abogado Jorge Valdés, quien advirtió afectaciones a familias en Tijuana y otros estados.

Valdés, director del despacho Fuentes y Asociados, aseguró que no se trata de un caso aislado, sino de una estructura que opera en distintas entidades y afecta a cientos de familias.

A raíz de que se hicieron públicas diversas situaciones, dijo, comenzaron a recibir mensajes de personas de otros estados que reportaron problemas similares en procesos inmobiliarios.

“Nos empezaron a contactar desde diferentes ciudades; es un problema que claramente se ha replicado a nivel nacional”, afirmó el abogado.

Las autoridades en Baja California, sostuvo, han minimizado la problemática, pese a que existen indicios de participación dentro de instituciones públicas.

“Se ha querido restar importancia, cuando el problema está dentro de las propias instituciones”, expresó.

En su exposición, detalló que han identificado la intervención de jueces civiles como Pedro Galaz Hernández García, Juan Hurtado Díaz y Juan Carlos Constantino Ortega Vega.

También mencionó la presunta participación del agente del Ministerio Público Antonio Martínez Fonseca y del funcionario del Registro Público de la Propiedad Alberto Zamarrón Niño.

Además, señaló a particulares identificados como Martín Gilberto Adame, Carlos N., Marisol N., Concepción N. y Víctor Manuel N., este último con cargo como magistrado federal.

Indicó que estas personas habrían favorecido a ciertos grupos mediante resoluciones rápidas y documentación irregular en diversos juicios.

Como ejemplo, expuso un caso donde el juez Pedro Galaz Hernández García emitió una resolución en menos de un mes para ordenar el desalojo de 192 inmuebles.

Esa la demanda fue admitida el 27 de enero y el 26 de febrero ya existía sentencia, lo que calificó como una celeridad inusual en la práctica jurídica.

En ese proceso, recordó, las personas afectadas no fueron notificadas de manera adecuada, lo que derivó en un intento de desalojo.

Esa acción fue frenada mediante un amparo promovido por su despacho, lo que evitó el despojo de personas que no formaban parte del juicio, precisó.

Finalmente, Jorge Valdés informó que ya se han presentado al menos seis denuncias penales por estos hechos y advirtió que se trata de un problema estructural.

“Es un problema mayúsculo que requiere atención urgente; no hay regulación suficiente y cualquier persona puede comercializar inmuebles sin rendir cuentas”, concluyó.