TIJUANA.- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana respaldó el proyecto de la Desaladora Rosarito, aunque planteó reservas sobre su impacto fiscal y el uso del impuesto sobre nómina como garantía.

Durante una reunión con autoridades estatales, empresarios conocieron los alcances técnicos y financieros de la obra, considerada estratégica para el abasto de agua.

El proyecto contempla una inversión de 3 mil 900 millones de pesos por parte del Estado y 9 mil millones de la Federación.

La planta proyecta producir 2 mil 200 litros por segundo: mil 600 para Tijuana, 300 para Rosarito y 300 para Ensenada.

Roberto Lyle Fritch, presidente del CCE Tijuana, afirmó que se trata de una obra necesaria, aunque implica deuda.

“Si está respaldada por infraestructura estratégica, vale la pena analizarla con responsabilidad”, expresó.

El organismo entregó a funcionarios una carpeta con estudios elaborados por el Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana.

Entre los puntos señalados destacan las fugas en la red hidráulica y el impacto financiero del bono verde que respaldaría parte del financiamiento.

También cuestionaron destinar recursos del impuesto sobre nómina como garantía, al considerar que puede afectar la competitividad futura del estado.

Por su parte, el secretario de Economía e Innovación, Kurt Honold Morales, aseguró que la construcción estará a cargo de la Conagua.

Indicó que eso reduce la carga financiera directa para el gobierno estatal y el impacto para la población.