MEXICALI.- La fachada de “honestidad” de Jesús Alejandro Ruiz Uribe se vino abajo.

El exdelegado federal en Baja California no solo vendió en lo oscurito un terreno por más de 11 millones de pesos, sino que utilizó el nombre de su padre muerto para intentar ocultar la operación y evitar que apareciera en sus declaraciones patrimoniales.

Su padre, Jesús Juvencio Ruiz Barraza, falleció en julio de 2023.

Aun así, meses después, Ruiz Uribe permitió que los pagos —siete depósitos de 1.2 millones cada uno, más un anticipo y un pago adicional de 2.1 millones— se realizaran a la cuenta bancaria del difunto.

Una maniobra que retrata no descuido, sino intención de esconder el dinero.

El comprador fue Altitud 3 Inmobiliaria, propiedad de Milton Adán Rubio Díaz, exfuncionario del panista Kiko Vega y extitular de Aguas de Rosarito, el mismo proyecto de la desaladora que la 4T calificó como símbolo de corrupción.

Ruiz Uribe, que presumía combatir esas “viejas prácticas”, terminó haciendo negocios con quienes decía repudiar.

En ese terreno de 3 mil 682 metros cuadrados hoy se levantan 46 departamentos valuados entre 2.7 y cinco millones de pesos. Pero según las declaraciones patrimoniales de Ruiz Uribe —2023, 2024 y 2025— él no vendió nada, no obtuvo ingresos extraordinarios y el predio seguía siendo suyo, con un valor ficticio de apenas 2.9 millones de pesos.

Mintió tres años seguidos, ocultó ingresos millonarios y usó el nombre de un familiar fallecido para tratar de disipar las huellas de una operación que sabía incompatible con su propio discurso de “ética pública”.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas es clara: ocultar deliberadamente patrimonio es falta grave, puede configurarse como enriquecimiento oculto y derivar en destitución, inhabilitación de hasta 10 años y sanciones proporcionales al monto no declarado.

El caso no solo exhibe la contradicción de un exfuncionario que se vendía como ejemplo moral: lo retrata como alguien dispuesto a manipular documentos y mover dinero a nombre de un muerto para esquivar obligaciones legales. Un golpe directo y devastador a la credibilidad de Ruiz Uribe.