TIJUANA.- Ante el señalamiento que hizo la periodista Dianeth Pérez Arreola, de que una empresa está ligada al crimen organizado y realiza obras con recursos del Banco de Desarrollo de América del Norte (NadBank), la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación.

El Gobierno del Estado de Baja California, a través de su secretario de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas, interpuso la querella luego de que el miércoles pasado la comunicadora expusiera el caso en la conferencia mañanera de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Preguntó por qué, según dijo, se hizo una doble licitación de la planta potabilizadora La Nopalera en el municipio de Tecate, además de pedir el nombre de la empresa ganadora. Sin aclarar si se trataba de esa compañía, refirió que los recursos del bono verde se estarían destinando a empresas ligadas al crimen organizado.

La mandataria Marina del Pilar le pidió tener cuidado con sus declaraciones por lo que exponía en ese momento, ya que era algo delicado.

“No sabemos qué empresa es, y hay fuertes señalamientos sobre que estas obras del bono verde se están yendo a empresas ligadas con el crimen organizado. ¿Nos puede decir, secretario, qué empresa es?”, preguntó Pérez, a lo que nunca respondió el funcionario.

Eso generó que el Gobierno del Estado solicitara una investigación a la FGR, así como a la Secretaría Anticorrupción.

“Por ser de competencia federal la investigación de posibles hechos vinculados al crimen organizado, se dio vista a la FGR para que investigue lo afirmado por la periodista, garantizando con ello la imparcialidad y no intervención del Gobierno del Estado en la investigación. Lo anterior, sin perjuicio de otras conductas ilícitas que pudieran derivarse de la investigación federal”, expuso en un comunicado Álvarez Cárdenas.

Además de pedir la comparecencia de la periodista, la FGR solicitó información a la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (SEPROA) y a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, encargadas de licitar la obra y supervisarla.

El colectivo de comunicadores en la región Yo Sí Soy Periodista consideró que la solicitud de la FGR busca intimidar a la comunicadora.