LOS ÁNGELES, CALIFORNIA.– El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), capturó en base a una investigación a 17 personas ligadas al tráfico de fentanilo y otras drogas, realizado vía la frontera Tijuana-San Diego.
Ayer, la autoridad llevó a cabo una audiencia para acusar de manera formal al último detenido en relación al presunto plan de contrabando de fentanilo, metanfetaminas y heroína desde México a Estados Unidos, informó la Fiscalía Federal del Distrito Central de California.
La acusación surge de una investigación de dos años denominada Operación «Smoke Jumpers», que resultó en múltiples arrestos y la incautación de grandes cantidades de drogas.
Nueve de los acusados, cuyos nombres, edades y nacionalidades se detallan a continuación, fueron arrestados durante operativos policiales que se llevaron a cabo el 8 de febrero y continuaron el día lunes:
- Oscar Ahumada Leyva, 43 años, de México.
- Miguel Antonio Rabago Valenzuela, 42 años, de México.
- Gustavo Rivero Rodríguez, 39 años, de México.
- Carlos Espinoza, 38 años, de Alhambra.
- Erick Roque Ángeles, 39 años, de Fontana.
- David Sánchez Balderas, 26 años, de Denver.
- Fernando Salgado, 36 años, de Riverside.
- Rocío Guadalupe Acevedo Tonche, 32 años, de Ontario.
- Efren Quibrera Espinoza, 29 años, de Cudahy.
Además, se busca a otros siete acusados que se cree que están prófugos y podrían encontrarse en México.
La investigación reveló que la organización de narcotráfico utilizaba camiones para importar extintores, los cuales estaban llenos de drogas.
La fiscal federal Martin Estrada declaró: «Estos acusados utilizaron una red sofisticada para el contrabando de grandes cantidades de fentanilo a nuestro país. Nuestra institución seguirá trabajando de manera inteligente y enérgica para llevar ante la justicia a organizaciones internacionales de narcotráfico».
La Operación «Smoke Jumpers» fue dirigida por el Equipo Especial del FBI en Los Ángeles, con la colaboración de diversas agencias de aplicación de la ley, incluida la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, el Departamento de Policía de South Gate y el sector de Investigación Penal del IRS, entre otros.
Los acusados enfrentan una serie de cargos, incluyendo conspiración para el tráfico de drogas y conspiración para el lavado de dinero.
La acusación formal alega que cada uno de los cargos de tenencia de drogas conlleva una pena mínima obligatoria de 10 años en una prisión federal y posible pena perpetua, mientras que el cargo relacionado con lavado de dinero podría resultar en una pena máxima de 20 años de prisión.
Los fiscales federales auxiliares Christopher C. Kendall y Jehan Pernas de la Sección de Narcóticos Internacionales, Lavado de Dinero y Extorsión están a cargo del caso.
Comentarios