TIJUANA.- En tres años, en Baja California apenas se han dictado 38 sentencias por feminicidio, 88% son por juicios abreviados solicitados por la Fiscalía General del Estado (FGE) debido a que la institución carece de evidencias para llevar a los culpables a un juicio.

Así lo consideró la integrante de la Red e Mujeres Unidas por BC, Elsa Jiménez Larios encargada de la investigación sobre sentencias de feminicidios en la entidad, análisis que se presentó este miércoles.

Lamentó esta situación porque se trata de un delito grave y eso no forma parte de las acciones de la Alerta de Género contra las Mujeres para erradicar la violencia feminicida, a la que se suscribió la entidad con la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

“Estos procedimientos abreviados son una analogía de lo que sucede y que está prohibido en los procedimientos de violencia familiar contra las mujeres, que no puede haber mediación que no pueda haber negociación”, expuso la investigadora.

La abogada de profesión consideró que cualquiera de los sentenciados puede solicitar “una apelación y tendrán muchos elementos para ganarlos” ante la falta de evidencias.

En Baja California 47% de los feminicidios ocurren en domicilios particulares, 12% en la vía pública y 10% en los centros de trabajo de las víctimas, detalló Jiménez Larios.

Por otra parte, expuso que se registraron por los delitos de feminicidio y violencia de género 77 sentencias en el Poder Judicial del Estado, pero al revisar resultó que 20 están repetidas.

“Significa que se están alterando los números, de 77 sentencias solamente pudimos acceder realmente a 51 sentencias, entonces si uno entra a la Plataforma del Poder Judicial, se tienen registradas en este periodo 77 y útiles sólo son 51, esta alterado el número de resolución”, detalló Jimenez Larios.

Mientras que el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Miguel Mora Marrufo consideró que el estudio demuestra cómo las autoridades encargadas de impartir justicia no analizan el contexto en que se cometen los feminicidios.

“El 60% de estas víctimas eran mujeres muy jóvenes, madres, solteras, sin educación y sin trabajo; puede haber una participación de mujeres en actividades ilícitas no se lo estoy negando, pero tenemos que analizar mucho más a fondo. ¿Cuáles son los factores para que estas mujeres se involucraron la actividad delictiva?”, cuestionó.

Ante la generalización de que los asesinatos de mujeres en la ciudad son por estar involucradas en actividades ilícitas, detalló que son obligadas por diversas circunstancias y eso no se analiza por los investigadores e impartidores de justicia, refirió.

“Detrás hay una violencia de género, por miedo, por amenaza de la pareja, por otros factores, como en este caso que no había condiciones que permitan evidenciar que tenían trabajo, que tenían educación, que estaban en actividades productivas. Y eso es lo que el entorno, la precariedad de la vida, genera que se vayan involucrando tal vez en una mayor medida en actividades ilícitas”, argumentó el comisionado.