MEXICALI.- El Gobierno de Baja California revisará si las empresas sancionadas por Estados Unidos tienen o han tenido contratos con la administración estatal.

Al anunciarlo, reiteró que la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda está divorciada de Carlos Torres Torres.

La mandataria instruyó a la Oficialía Mayor a verificar las contrataciones y remitir los expedientes a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para que actúe conforme a la ley.

El comunicado, difundido este 29 de septiembre, no detalla si ya fueron localizados contratos ni establece un plazo para informar los resultados de la revisión.

Sobre la relación de la gobernadora con su expareja, el gobierno expresó: “El único interés que comparte es el bienestar de su hijo”.

También puntualizó que Ávila Olmeda no figura entre las personas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), no posee cuentas bancarias ni inmuebles en el extranjero y tiene su patrimonio declarado ante las autoridades mexicanas.

La administración sostuvo que las personas incluidas deberán atender su situación ante las autoridades competentes. “El Gobierno del Estado no hablará en su nombre”, indicó.

El posicionamiento surge tras las sanciones contra su exesposo, Carlos Torres Torres, a quien la OFAC acusa, junto con su hermano Luis Torres Torres y empresarios de Tijuana y Mexicali, de participar en una red de protección política y lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.