TIJUANA.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California y a su hermano Luis Alfonso Torres Torres, a quienes acusa de participar en una red de protección política y lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.
Las sanciones también alcanzan al exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil García; a los hermanos Jorge Mario y Jerónimo Javier Vera Ayala, ligados al entorno del exalcalde Jorge Hank Rhon; a los empresarios Marco Antonio Moreno Gómez Santelices y Carlos Villela Gómez Santelices, así como al ex funcionario Rafael Buenrostro Martín, ex asesor del Gobierno del Estado de Baja California.
El comunicado publicado este martes 29 de septiembre incluye a 21 personas y 25 empresas que, de acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), forman parte de las redes de operación y financiamiento de Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”, líder de Los Mayos, facción también conocida como La Mayiza.
La investigación describe una estructura vinculada con los hermanos Alfonso y René Arzate García en Tijuana, y otra relacionada con Los Rusos en Mexicali y sus alrededores. Ambas responden a la facción del Cártel de Sinaloa encabezada por el hijo de Ismael “El Mayo” Zambada.
Entre las empresas sancionadas figura Vida Orgánica Tijuana, fundada por Marina del Pilar, su entonces esposo y otros socios en 2020.
La mandataria, emanada de MORENA, concluyó esa sociedad apenas el 10 de septiembre.
El Tesoro coloca a Carlos Torres y a su hermano Luis Alfonso, excuñado de la mandataria, en el centro de una red de corrupción que habría permitido operar a “Los Rusos” con protección política y policial.
Según la dependencia, Carlos Torres mantiene una alianza con Juan José Ponce Félix, también identificado como Jesús Alexandro Sánchez Félix, “El Ruso”, jefe de esa organización.
El comunicado sostiene que el exesposo de la gobernadora utilizó su influencia para facilitar actividades del Cártel de Sinaloa y protegerlo de intervenciones de autoridades en Baja California.
También afirma que habría recibido pagos mensuales de Pedro Ariel Mendívil para permitir que el grupo criminal operara con relativa impunidad en el estado.
A Luis Alfonso Torres le atribuye recibir esos sobornos y lavar los recursos mediante empresas y campañas políticas.
El Tesoro informó además que el Departamento de Estado revocó la visa de Carlos Torres en mayo de 2025 por sus vínculos y actividades en favor del Cártel de Sinaloa. En ese mismo mes le revocaron su visa también a la gobernadora Marina del Pilar.
En enero de este año, Carlos Torres negó las acusaciones difundidas sobre una investigación de la Fiscalía General de la República. En aquella ocasión sostuvo que el procedimiento derivaba de una denuncia anónima y aseguró que confiaba en que las pesquisas permitirían desestimar los señalamientos.
La sanción contra Vida Orgánica Tijuana alcanza a la sociedad que compartieron la gobernadora, su exesposo y su excuñado. Esa empresa fue constituida en noviembre de 2020, cuando la mandataria era alcaldesa de Mexicali, con un capital inicial de 100 mil pesos.
La Gobernadora, Carlos Alberto Torres y Luis Alfonso Torres aportaron 15 mil pesos cada uno, equivalentes al 15 por ciento de participación por persona.
También figuraban como socios Juan Manuel y Luis Jaime Lameiro Camacho, María del Socorro Terrazas Ciapara y Miriam Miranda Hernández.
La compañía fue creada para comercializar productos orgánicos y veganos, distribuir y almacenar abarrotes, además de administrar franquicias. Luis Alfonso Torres aparecía como gerente general.
La OFAC incluyó a Vida Orgánica Tijuana entre las empresas que considera propiedad, bajo control o dirección de Luis Alfonso Torres, o que actúan en su nombre.
En ese mismo grupo aparecen Edifika Desarrollos Baja, The Woods Bar, Raes Restaurante y Distribuidora y Comercializadora ATAF.
En el caso de Pedro Ariel Mendívil García, el Tesoro sostiene que recibió sobornos de “El Ruso”, a cambio de permitir que el Cártel de Sinaloa controlara a la Policía Municipal de Mexicali para facilitar el tráfico de drogas y ejecutar operaciones del grupo.
Esa organización operan en la capital bajacaliforniana y su zona de influencia, incluido el Valle de Mexicali, como parte de La Mayiza. El documento estadounidense les atribuye el uso de violencia y la corrupción de funcionarios para proteger sus actividades.
La OFAC también sancionó a Grupo Gasolinero Nueva Esperanza, empresa que vincula con Mendívil.
El exdirector de la Policía Municipal fue detenido el 28 de julio por una investigación relacionada con la desaparición de dos jóvenes después de salir del bar Shots, en enero de 2023.
Durante la audiencia, la Fiscalía del Estado expuso testimonios sobre una presunta colaboración entre policías y “Los Rusos” para privar de la libertad a jóvenes y entregarlos a integrantes de esa organización.
El 3 de agosto, el juez Fernando Serrano resolvió no vincular a proceso a Mendívil ni a Luis Alfonso Jacobo, al considerar insuficientes los datos presentados por la Fiscalía. Ambos quedaron en libertad.
Tres policías sí fueron vinculados a proceso por desaparición forzada, robo de vehículo y asociación delictuosa.
Durante la audiencia, Mendívil negó su participación y atribuyó la investigación a una persecución en su contra.
En Tijuana, el Tesoro identifica a Alfonso Arzate García, “El Aquiles”, y René Arzate García, “La Rana”, como responsables de la plaza para “Los Mayos”.
La dependencia sostiene que los hermanos conservaron el control territorial durante aproximadamente 15 años mediante violencia, alianzas y corrupción política y policial.
Ambos fueron sancionados en agosto de 2023 y este martes recibieron una nueva designación bajo la orden ejecutiva estadounidense dirigida contra terroristas y sus colaboradores.
El documento identifica como sus principales lugartenientes a Pedro Humberto Martínez Rodríguez, “El Gordo Flubber”; Jesús Rafael Yocupicio Yocupicio, “El Cabezón”; y Franklin Ernesto Huezo Hernández, “El Ranchero”.
Les atribuye actos de violencia en favor de “La Rana”, además de la producción y traslado de drogas, incluido fentanilo, por Tijuana hacia Estados Unidos.
La red financiera descrita por la OFAC incluye a Jesús González Lomelí, sancionado desde septiembre de 2025 y considerado por la dependencia un operador de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa y asociado de “La Rana”. En esa acción también se sancionó y relacionó con vínculos a la ex alcaldesa y hoy diputada federal de Morena, Araceli Brown Figueredo.
También menciona a Jorge Mario Vera Ayala y a su hermano Jerónimo Javier Vera Ayala.
A Jorge Mario le atribuye trabajar con varios cárteles en el tráfico de drogas, fungir como enlace entre organizaciones criminales en Tijuana y lavar dinero para el Cártel de Sinaloa.
A Jerónimo lo identifica como socio de González Lomelí y le atribuye tráfico de drogas y lavado de recursos mediante negocios compartidos.
Jorge Mario fue escolta del exalcalde de Tijuana Jorge Hank Rhon, quien también es su padrino. Desde hace más de una década está prófugo. En 2016, un juez federal ordenó su aprehensión por delincuencia organizada y los recursos que promovió para combatirla.
Sus antecedentes también incluyen un procedimiento por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, documentado desde 2009.
Jerónimo, por su parte, mantiene vínculos empresariales con Jorge Alberto Hank Inzunza, presidente de Xolos de Tijuana e hijo del exalcalde.
Reportes sobre registros mercantiles lo ubican como socio de Hank Inzunza y González Lomelí en negocios hoteleros.
La OFAC sancionó cuatro empresas que atribuye a Jerónimo: Xolo Gas de Baja California, Lthings México, Codesuam y Grupo Baja Firme.
La lista también incluye a Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, conocido como Marco Santelices, presidente del Corporativo Marsan, con actividades en seguridad, tecnología, bienes raíces y producción de eventos, según su propia presentación empresarial. Ñ
El Tesoro lo identifica, junto con Carlos Villela Gómez Santelices, como asociado de González Lomelí. A ambos les atribuye una red de empresas de seguridad, bienes raíces y entretenimiento que lava dinero para el Cártel de Sinaloa y La Rana.
Entre las sociedades sancionadas que relaciona con Moreno figuran Baja Fixer Group, Inteliproof Efficient, Private Equity Baja, Private Equity Bursátil, Festivales Artistas Mobiliario Asesoría, Conciertos y Espectáculos Inhouse, Wermak Publired, Holistic Wellwaves y Proyecto Alerta Verde.
Empresas de esa red han prestado servicios a gobiernos de Baja California.
Otro de los nombres incluidos en las sanciones es Jorge Luis Mendoza Uriarte, “El Güero Chompas”, a quien el Tesoro identifica como jefe de seguridad de Los Mayos y colaborador cercano del Mayito Flaco.
Según la dependencia, él y su hermano Francisco Javier Mendoza Uriarte trabajaron para El Mayo Zambada. El primero controlaba territorio en Baja California como jefe de una célula, mientras Francisco se desempeñaba como secretario del capo.
El Güero Chompas acumula detenciones y liberaciones documentadas desde 2009 a 2024.
Las sanciones anunciadas este martes bloquean los bienes e intereses patrimoniales de los designados que se encuentren en Estados Unidos o bajo posesión o control de personas
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