TIJUANA.- Autoridades de los tres niveles de gobierno realizaron una mesa de trabajo para atender la contaminación del Río Tijuana días después de que un juez federal les ordenó actuar para sanear el cauce, al considerar que no han hecho lo suficiente para enfrentar el problema.

La reunión ocurrió luego de que el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Baja California concedió una suspensión definitiva dentro de un amparo promovido por el ciudadano José Rivas González, quien denunció la falta de acciones para detener la contaminación del río.

Con esa resolución, la jueza Martha Blake Valenzuela ordenó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) hacer todo lo que esté en sus manos para limpiar el canal del Río Tijuana y evitar que el daño ambiental siga creciendo.

Después de esa resolución judicial, representantes de los tres órdenes de gobierno, universidades y organizaciones civiles realizaron y participaron en la mesa “La gobernanza del agua, el saneamiento y la recuperación de nuestro Río Tijuana”, donde comenzaron a definir las primeras acciones.

Entre las propuestas acordaron impulsar el uso de aguas residuales tratadas para regar parques, lavar vehículos y utilizarla en algunas obras de construcción, con el fin de ahorrar agua potable.

La diputada federal Ana Erika Santana González se limitó a decir que aprovechar esa agua ayudaría a enfrentar la escasez del recurso.

“En lugar de tratar nuestras aguas, si las tratáramos sería otra película, los parques tratarlos, se podria regar con goteo, pudiéramos utilizar esa agua para las cimbras de las construcciones una vez tratada para regar espacios públicos y para lavados de carros”, mencionó.

Ahora sí, acordaron revisar la red de drenaje para detectar fugas, realizar reuniones mensuales de seguimiento y celebrar una próxima sesión en Estados Unidos, ya que la contaminación del Río Tijuana afecta a comunidades de ambos lados de la frontera.