PLAYAS DE ROSARITO.- Un empresario llegó en helicóptero a un rancho y, con hombres armados, despojó a una familia de su tierra tras más de 25 años en posesión, en un caso que revive el patrón del llamado Cártel Inmobiliario.

La denuncia fue presentada por Alejandro Sandoval Becerra, quien asegura que el despojo ocurrió el 5 de septiembre de 2025 en el Rancho Los Misterios, donde vivía con su familia sin haber podido escriturar, pues su solicitud estaba pendiente desde 2015 ante la SEDATU.

Ese día, un helicóptero aterrizó en el predio. A bordo viajaban Valente Márquez Amezquita, administrador del Grupo Concordia; Ramón Duarte Rodelo, representante de Dream Propitarys; y Elsa Rocío, gerente de Concordia, además del piloto Rai Rubio.

Elsa Rocío, quien iba en la aeronave, se convirtió posteriormente en testigo clave dentro del proceso penal que se sigue por el despojo.

De acuerdo con la causa penal 497/2025, radicada en el juzgado de Playas de Rosarito, a cargo del juez Víctor Manuel Fernández Córdova, el grupo llegó con la intención de apoderarse del terreno.

En su declaración, la testigo relató: “Valente me dijo que esos predios eran de él; en ese momento yo desconocía el motivo por el cual estábamos ahí”.

También afirmó: “Valente nos dijo a todos los que estábamos en el helicóptero que tenía que pelear la tierra del lugar al que llegamos”.

Según su testimonio, al descender observó personas en los límites del terreno con ganado, además de maquinaria identificada con logotipos de Grupo Concordia.

Cuando Alejandro Sandoval se acercó para reclamar, recibió una amenaza directa: “tienes que largarte de esta propiedad o te voy a matar como a un perro y te enterraré con toda tu familia en un pozo que ya mandé hacer”.

La testigo agregó que “en ese momento llegaron los escoltas y Valente ordenó que sacaran sus armas, cortas y largas, y miré cuando Valente andaba con los policías municipales”.

Después del amago, el propietario se retiró y guardias de seguridad terminaron por despojar a la familia, entre ellos tres menores de edad, incluso tras derribar su vivienda.

El caso, según la denuncia, reproduce el “modus operandi” del llamado Cártel Inmobiliario, cuyos presuntos líderes, Christian Pablo “N” y Emmanuel Aurelio “N”, permanecen presos por despojos y venta irregular de terrenos.

Estas prácticas, de acuerdo con las investigaciones, se apoyan en prescripciones positivas y en la intervención de funcionarios corruptos del Registro Público, notarios y autoridades.

En el caso del Rancho Los Misterios, mediante una asamblea celebrada en 2015, la SEDATU reconoció desde los años 90 la posesión de la familia Sandoval, cuyo origen se remonta al asentamiento de los padres de Alejandro en la década de los 50.

Sin embargo, desde 2021 comenzaron a notar la presencia de personas ajenas al rancho, que ya habían intentado despojarlo. La familia vivía de la siembra, producción de leche y queso, hasta el día en que fueron desalojados.

En al menos tres ocasiones denunciaron intentos de despojo ante la Fiscalía General del Estado, sin resultados, hasta la irrupción del grupo que llegó por aire.

Tras el despojo, el terreno comenzó a ser intervenido con maquinaria y, en 2026, iniciaron ofertas de venta de los predios, a pesar de no contar con los permisos necesarios.

En el proceso judicial, el despacho jurídico “MAVS, Consorcio Jurídico” denunció que la defensa del empresario y las autoridades han retrasado el caso mediante cambios de abogado, inasistencias del empresario notoriamente injustificadas —pues, de forma irrisoria, manifestó que saldría de la ciudad y no podría enlazarse digitalmente—, así como diversas solicitudes de diferimiento.

La última audiencia, programada en marzo, fue pospuesta hasta julio por el juez Fernández Córdova, quien argumentó exceso de trabajo y vacaciones.

No obstante, el consorcio jurídico señaló que, en otro caso similar, durante una audiencia celebrada cuatro días después de la de Alejandro, el mismo juez fijó la siguiente audiencia apenas tres días más tarde; es decir, en un plazo menor a una semana.

Ante ello, se promovió un amparo federal para exigir que se adelantara la audiencia contra el empresario, en atención a que el plazo fijado por el juez era excesivo e injustificado.

El juzgado federal concedió la protección al quejoso y ordenó fijar una nueva fecha próxima.

La audiencia fue “reprogramada” para el 23 de abril, donde se definirá la legalidad de las acciones atribuidas a Valente Márquez Amezquita.