TIJUANA.- La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de permitir que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda congelar cuentas bancarias sin una orden judicial previa ha generado debate sobre los límites entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la lucha contra delitos financieros.

Expertos como el Lic. Jorge Alberto Pickett Corona advierten que, aunque esta medida puede acelerar las investigaciones y prevenir el lavado de dinero.

Además, pone en riesgo derechos básicos como la presunción de inocencia y la garantía del debido proceso, al afectar patrimonios sin intervención judicial y en etapas iniciales del proceso.

Este cambio normativo plantea desafíos importantes para el sistema jurídico y para los contribuyentes afectados, quienes enfrentan efectos económicos inmediatos y dificultades para ejercer sus defensas.