TIJUANA.- Un funcionario del Ayuntamiento de Tijuana denunció ante la Fiscalía General del Estado (FGE) a Rosario Viridiana Román Carrillo, directora de la asociación civil CEMUJER, por presunta extorsión mediante amenazas de denuncias penales, protestas y campañas en redes sociales.

De acuerdo con la querella expuesta, el servidor público afirma que ella le exigía dinero a cambio de no acusarlo falsamente de acoso o violencia contra mujeres.

También para no presentarse a manifestarse en Palacio Municipal o en eventos oficiales.

De acuerdo a la denuncia, el ofendido aseguró que para evitar problemas llegó a realizar transferencias desde su cuenta personal a la cuenta de Román Carrillo.

Para demostrarlo, entregó copia de los pagos que hizo vía transferencia. Aparecen 11 mil 500 pesos depositados el 17 de noviembre de 2025 y 4 mil pesos el 17 de enero de 2026.

En la denuncia se incluyen conversaciones de WhatsApp donde según la directora de CEMUJER lo insulta.

También le exige dinero y advierte que si no accede a sus peticiones realizará protestas o presentará denuncias en su contra.

“Para tener una relativa tranquilidad con ella, le he realizado depósitos”, expuso el empleado del Ayuntamiento en el documento presentado ante la Fiscalía.

El funcionario explicó que el conflicto inició en octubre de 2024, cuando Román Carrillo acudió con un grupo de personas a manifestarse en Palacio Municipal.

Él intervino para mediar debido a que parte de su trabajo es atender a representantes de organizaciones civiles.

Según el relato, después comenzaron mensajes constantes y exigencias de dinero a cambio de no generar conflictos públicos ni denuncias mediáticas contra funcionarios.

La denuncia también señala que Román Carrillo amenazaba con acudir a eventos del Ayuntamiento para protestar o realizar transmisiones en vivo en redes sociales con acusaciones contra servidores públicos.

Viridiana Román es directora de CEMUJER; en 2021 fue candidata a diputada local por el Partido Encuentro Solidario (PES) en Baja California.

El funcionario sostiene que las amenazas y exigencias económicas continuaron durante meses, por lo que decidió presentar la denuncia ante la Fiscalía por extorsión y hostigamiento, delitos que ahora deberán ser investigados por la autoridad estatal.

La activista emitió un comunicado en el que argumenta sí recibió depósitos pero que son por una terapia derivada de un supuesto abuso policial.

Aunque esos pagos no se realizan de forma directa sino a quien da la terapia y se deposita el dinero vía el Departamento asignado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana previo un juicio y sentencia emitida ratificada por el tribunal.