TIJUANA.- El Instituto Nacional de Migración (INM) concluyó separar de sus funciones a dos agentes migratorios adscritos a la Delegación en Baja California, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) les iniciara una carpeta de investigación.

Ambos son esposos y podrían estar vinculados al cobro de dinero a grupos dedicados al tráfico internacional de migrantes.

Se trata del encargado de la estación migratoria del INM en Tijuana, Marte Antonio Camacho Solano, y su esposa, quien era secretaria de la delegación del INM en la misma ciudad, María Isabel Paredes Sánchez.

De acuerdo con la carpeta de investigación FED/BC/TIJ/0000550/2024, les incautaron 15 balas calibre 9 milímetros, una de las cuales tiene punta expansiva.

Así como 1 millón 90 mil pesos y 27 mil dólares en efectivo, que resguardaban en su domicilio número 3663 de la calle Alicante en el fraccionamiento Santa Fe quinta sección.

Es el dinero que le decomisaron a los empleados del INM en Tijuana, dinero cuya procedencia lícita no han podido comprobar.

El INM informó que proporcionarán los elementos que solicite el Área de Especialidad de Control Interno en el Ramo Gobernación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que tome conocimiento de los hechos, investigue y proceda en consecuencia.

Se indicó que Marte «estaba asignado a la garita ‘El Chaparral’, en el municipio de Tijuana, Baja California», mientras que su esposa «realizaba funciones administrativas».

Los funcionarios cesados presuntamente daban información privilegiada a grupos dedicados al tráfico internacional de migrantes.

También la autoridad refrendó que no «tolera conductas que atenten contra los principios de legalidad que guían el actuar de la institución».

El juez Oscar Saúl Cortez Ortiz consideró que podrían estar en libertad bajo proceso, y por eso los empleados federales seguían trabajando.

Un juez concluyó que fueron ilegales las detenciones porque la FGR se tardó en catear la casa y en consecuencia poner a la pareja tarde a disposición del Ministerio Público.

Pero hace unos días el juzgador concluyó dejarlos en libertad porque consideró ilegales sus detenciones derivado de que el cateo tardó mucho tiempo.

En consecuencia, señaló que los pusieron tarde a disposición del Ministerio Público.

Hasta ahora, ninguno de los empleados logró justificar legalmente por qué tenían el dinero en su casa.