Se requiere de la colaboración de dueños de bares con FGE y supervisión

Por Said Betanzos

TIJUANA.- Al empezar el trienio del ex alcalde Jorge Hank Rhon se limitaron las horas extras, el argumento era que generaban violencia en las calles, lo que al final resultó negativo y de paso proliferaron los llamados ‘aguajes’.

Después de dos meses, el propio Ayuntamiento de Tijuana, daba un revés en 2005.

Volvía la venta de horas extras para que bares, antros, cantinas y centros de espectáculos cerrarán más tarde.

Fue el gobierno que más dinero recaudó por ese impuesto.

Hoy vuelve a debate el tema por lo sucedido en Mexicali, al desaparecer tres jóvenes que el pasado 8 de abril en el bar Shots.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, Leopoldo Tizoc Aguilar Durán, anunció que analizaban el tema.

Aunque es una facultad administrativa de los gobiernos municipales.

Claro que podrían llegar a un acuerdo, pero hasta ahora no existe evidencia de que sea la apertura de bares lo que causó lamentablemente la privación ilegal de la libertad.

Fue la inoperancia de una supervisión del gobierno municipal de Mexicali, que preside Norma Bustamante.

La vocación de las zonas turistas o de bares requieren incluso de la instalación de cámaras de videovigilancia, que en la capital del Estado faltan.

Es evidente que algunos bares como el Shots, están negados a colaborar con la Fiscalía General del Estado (FGE).

Muy distinto a lo que sucede en Tijuana, donde permiten inspecciones a bares y hoteles, así como en la búsqueda de personas.

Así como en colaborar para el esclarecimiento de casos, como lo son crímenes de mujeres por extranjeros o mexicanos.

Pues dichos negocios nunca alegan que no grabaron sus cámaras de videovigilancia.

Hace un par de meses, ellos mismos entregaron a dos guardias de seguridad privada involucrados en una muerte violenta, por la que hoy están bajo proceso.

La sociedad exige resultados, pero también es necesaria la colaboración de cada sector para que existan.