Por Luis Farfán

TIJUANA.- El citatorio para que declare el ex gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, no es una cacería de brujas, es una orden judicial.

Así lo declaró esta mañana la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Se busca, dijo, blindar al Estado de una pérdida financiera con el proyecto de la planta fotovoltaica, en la que se comprometieron las participaciones federales en algo que no se hará.

“Tenía la obligación de recurrir a todas las instancias legales para detener esta situación, pues no hubo permisos federales, el Estado no tiene permisos para licitar un proyecto de esta naturaleza y el contrato fue ilícito”, declaró Ávila Olmeda.

Recalcó que su gobierno busca únicamente garantizar el patrimonio de los bajacalifornianos, y será la Fiscalía quien determine la situación jurídica de los investigados.

En una audiencia primaria se le llamará a Bonilla en su domicilio para que comparezca.

Si se le notifica y no comparece, se solicitaría una orden de aprehensión, de acuerdo al proceso, expuso en su conferencia mañanera la mandataria.