• Para fortalecer los derechos humanos y agilizar los procesos del denunciante.

TIJUANA.- La Fiscalía General del Estado y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), firmaron este día un convenio de colaboración, con la finalidad agilizar los procesos del denunciante y de fortalecer los derechos humanos de los miembros de comunidades indígenas.

El Fiscal General del Estado, Ricardo Iván Carpio Sánchez se pronunció sobre el derecho que tiene toda persona, sin distingo, a acceder a una justicia digna, eficiente y accesible, y a ser tratado con calidez y calidad por personal altamente capacitado, con vocación de servicio, que responda con empatía y sensibilidad a cualquier situación que se presente.

“Es de suma importancia que la Fiscalía General del Estado, cuente con intérpretes y traductores de lengua indígena que faciliten la conversación al momento de que una persona de un pueblo originario interponga una denuncia, o requiera de alguna asesoría ante esta Institución”, comentó Carpio Sánchez.

Por su parte, Elías Espinoza Álvarez, titular de la oficina de representación del INPI en Baja California, mencionó que en este Estado se tienen casi 68 lenguas indígenas, ya que es un lugar donde se refugian indígenas que vienen de otra región y por eso la importancia de que en Baja California se les de visibilidad.

Las medidas para brindar atención a las acciones decretadas por la Alerta de Violencia de Género en contra de las Mujeres en Baja California, la Fiscalía General del Estado, llevó a cabo un acercamiento con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, en el que se sustentaron las bases de este importante convenio.

Carlo Diego Romero López, Fiscal Especializado en Derechos Humanos, al realizar la exposición de motivos para la realización de este convenio manifestó que, como resultado de este acuerdo se obtendrá que las personas de origen indígena puedan ser asistidos por intérpretes y traductores que faciliten el dialogo, la interposición de una denuncia, la asesoría o cualquier servicio, en cualquier etapa del proceso penal que se brinde ante esta Representación Social.

Silvia Ramírez Cuevas, Coordinadora de la Casa de la Mujer Indígena en Tijuana refirió que, con este acto se abre una posibilidad de sumar esfuerzos para lograr una mejor atención que sea de calidad para las mujeres indígenas víctimas de violencia.

“Confiamos en que la firma de este convenio sea un gran avance para abrir la posibilidad de que la justicia a la que tenemos derecho, sea una justicia con perspectiva de género y con enfoque intercultural, y para ello queremos sumarnos a participar junto con ustedes con nuestros aprendizajes y experiencias”, finalizó.

Este convenio da cumplimiento a una de las medidas solicitadas ante esta Fiscalía General del Estado, por parte de la Gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, en la declaración de emisión de la Alerta de Violencia de Género en Contra de las Mujeres en Baja California.

Esta Fiscalía reconoce la labor y el trabajo desinteresado que hacen las asociaciones civiles por el bien de las comunidades, por ello, la importancia de que en este acuerdo participen las Casas de la Mujer Indígena de Tijuana y San Quintín, principal operador del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

El personal de estas Casas de la Mujer realiza los acompañamientos, asesorías y funge como traductor en 52 lenguas habladas siendo estas las más comunes como, mixteco alto, mixteco bajo, náhuatl, riqui, zapoteco, tzotzil y purépecha, todas estarían cubiertas en los procesos ante esta institución.

En este importante acto se contó además con la presencia de Adriana Lizárraga González, Fiscal Especializada en Delitos Contra la Mujer por Razón de Género; Denisse Hernández Chacón, Fiscal de Unidades Especializadas, y Perla Seidy Ríos Martínez, responsable del Departamento Jurídico del INPI en Baja California.

Fortalecer las acciones de procuración de justicia para la persecución de los delitos, es pieza clave para esta Fiscalía General del Estado, en este sentido se refrenda con la población de Baja California el compromiso de que los delitos no queden impunes.

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