TIJUANA.- Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideraron inconstitucional la prisión preventiva oficiosa en casos de defraudación fiscal, como las llamadas empresas factureras, promovido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Así lo indicó Jorge Alberto Pickett Corona, abogado fiscalista, quien refirió que la mayoría de los ministros señalaron la inconstitucionalidad durante la sesión del Tribunal Pleno, el pasado 25 de octubre.
En este decreto publicado el 8 de noviembre del 2019, dijo, se determina la prisión preventiva oficiosa en contra de delitos de contrabando, defraudación fiscal, sus equiparables y las relacionadas con la expedición, enajenación, compra y adquisición de comprobantes fiscales.
Los argumentos fueron que en esta clase de delitos, se excedieron en tener calificados como amenaza a la seguridad nacional, ya que delitos como la defraudación fiscal y las factureras no atentan directamente a la seguridad nacional.
«Sin embargo, las normas imponían a esta clase de delitos la prisión preventiva de manera oficiosa, es decir, automáticamente, teniendo en cuenta solamente el tipo de delito, el cual ya estaba regulado por medio del decreto», subrayó Pickett Corona.
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