El gobierno federal publicó el acuerdo para la importación definitiva de autos “chocolate”, un documento lleno de ambigüedades y contradicciones, señaló Armando Molina, licenciado en Comercio Exterior y Aduanas. 

Se trata de un documento de cinco artículos, en los que se detalla que la importación de vehículos continuará conformen a los leyes y decretos vigentes. 

Sin embargo, en el artículo tercero, se encuentra una contradicción que parece violatorio de la Ley y explica:  

Por un lado, se instruye a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), para en coordinación con las autoridades de Baja California, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y Baja California Sur, implementen acciones para identificar y registrar la circulación de vehículos usados que no cumplan con su legal importación definitiva al país. 

Luego, se lo harán saber a las autoridades de Hacienda y Economía, para que en el ámbito de su competencia, y de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, promuevan ante los propietarios de dichos autos su regularización. 

Una vez realizada la importación definitiva de estos vehículos, la SSPC inscribirá en el Registro Público Vehicular (Repuve) a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), esto es a todas luces una irregularidad, expuso el licenciado en Comercio Exterior y Aduanas. 

Por último, no queda claro el cómo se van a distribuir los recursos, toda vez que el mandatario federal habló de que los ingresos generados por la regularización de los autos, serían destinadas a obras de bacheo

Sin embargo, en el artículo 4 se establece que los ingresos que se obtengan, serán destinados conforme a lo que establezca la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente, aquí es donde se pueden dispersar estos recursos a otras áreas no especificadas, advirtió.