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El gobierno federal, promovió una acción de inconstitucionalidad contra la reforma a «Ley del Agua» aprobada en julio por la XXIII Legislatura de Baja California.

Esta se suma a las tres controversias constitucionales promovidas por los síndicos de Tecate, Playas de Rosarito y Tecate, así como a la Acción de Inconstitucionalidad presentada por integrantes de XXIII Legislatura.

En sus transmisiones matutinas, el gobernador Jaime Bonilla, ha declarado que son intereses mezquinos los que están detrás de estas acciones legales.

Antes de dejar la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, Julio Sherer, quien promovió esa acción de inconstitucionalidad a la “ley del agua” de Bonilla.

Julio Sherer y Jaime Bonilla mantienen un enfrentamiento político desde hace casi dos años.