TIJUANA.- La Declaratoria de Utilidad Pública respecto
al Club Campestre de Tijuana, no atenta contra la propiedad privada porque está
apegada a la ley y es solamente el inicio del proceso para convertirlo en un Centro
Interactivo que requiere la población tijuanense.
Así lo precisó el titular de la Secretaría General de Gobierno del Estado, Amador
Rodríguez Lozano, al responder en entrevistas por separado a Telemundo y
Azteca, sobre opiniones que en contrario han emitido académicos, empresarios y
actores políticos que participan en el actual proceso electoral, sin tener el
conocimiento pleno del asunto.
Explicó que la publicación hecha en el Periódico Oficial del Estado, en edición
especial de fecha 13 de abril en curso, “es solamente el inicio del procedimiento y
quienes se sientan afectados o se digan dueños, tienen quince días para revisar el
expediente con los dictámenes técnicos y presentar pruebas en contrario”.
Comentó el alto funcionario estatal que los interesados pueden acudir a la
dependencia a su cargo, donde podrán revisar la sustentación del Gobierno del
Estado para emitir la Declaratoria de Utilidad Pública, a fin de llevar a cabo la
expropiación en los términos constitucionales y responder a la necesidad de la
población en materia de cultura, entretenimiento, deporte, etc.
Lo anterior es en reconocimiento al Derecho de Audiencia que tienen quienes se
dicen perjudicados, para que en quince días hábiles analicen el contenido del
expediente en la SGG, lleven sus pruebas documentales, para que, en tres
semanas más, hagamos la revisión y rindamos un informe al gobernador Jaime
Bonilla Valdez, de lo que dependerá la continuación en la promulgación del
Decreto Expropiatorio del predio y las instalaciones.
Sobre la versión de que los asociados del Club Campestre de Tijuana promovieron
previamente un amparo, el secretario General de Gobierno, dijo que no existe tal
respecto a la Declaratoria de Utilidad Pública (DUP), lo que presentaron fue una
solicitud de suspensión contra una supuesta confiscación o para la posible
realización de actos ilegales, que ahora no es el caso.
“Esto no es un acto ilegal, es un acto apegado a la Ley de Expropiación que sigue
todos los pasos, todos los procedimientos que establece la ley; el mismo juez que