MEXICALI.- La diputada Claudia Josefina Agatón Muñiz exhortó al gobernador Jaime Bonilla Valdez a que instruya al secretario de Seguridad Pública del Estado, así como a los alcaldes de los cinco ayuntamientos, a que informen la forma en que cada ente, da cumplimiento a la obligación de otorgar pensión a familiares y dependientes económicos que le sobreviven a los policías de sus respectivas competencias, que fallecieron en cumplimiento de su deber, o por cualquier diversa razón.
Mencionó en su exposición de motivos que, como ya se ha manifestado en diversas ocasiones en esta Tribuna, las prerrogativas de seguridad social revisten, verdaderos derechos humanos, cuyo cumplimiento, otorgamiento y reconocimiento, debe ser una prioridad, para todas las autoridades.

“Cierto es que en esta materia y máxime para las y los policías que integran las diversas corporaciones estatales y municipales en nuestro Estado, y más en el periodo de 2019 a 2020, se ha avanzado considerablemente, pues como recordaremos, en una loable suma de esfuerzos se aprobó hace poco, una de las leyes más derecho humanistas de la historia de este Congreso del Estado: la nueva Ley de Seguridad Pública”, enfatizó.

Luego resaltó que este cuerpo normativo, representa el reconocimiento y dignificación de todas y todos los elementos policiales que día a día, dan literalmente su vida por la sociedad, y que enaltecen su lema “para proteger y servir”.

“Vamos avanzando, -dijo- y poco a poco se va saldando el adeudo que como gobierno teníamos con nuestros héroes de sangre azul, hoy ya estamos en un panorama en donde la adquisición de créditos para vivienda, becas para sus hijos, prótesis garantizadas para los que las requieran y demás, son ya una verdad jurídica”.

Puntualizó que en las corporaciones policiales del Estado de la Guardia Estatal, Ministerial y Sistema Penitenciario, así como en las pertenecientes a los Ayuntamientos del Estado, aún existen personas en estado de viudez y dependientes económicos de elementos que perdieron su vida, y que carecen de un apoyo económico que les permitan gozar del derecho humano de seguridad social, como es la pensión por viudez u orfandad, aun cuando era una obligación contenida, incluso en la anterior Ley de Seguridad Pública.