MEXICALI.- En sesión extraordinaria virtual, el Congreso de Baja California emitió la Declaratoria de Procedencia para desaparecer el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial (PJ) y en su lugar establecer una Junta de Administración y Vigilancia.

​Lo anterior se efectuó tras ser avalado el dictamen por los ayuntamientos de Tijuana, Mexicali, Ensenada y Playas de Rosarito, a quienes se les turnó por ser una reforma constitucional.

La Declaratoria fue leída en la sesión por la secretaria de la Mesa
Directiva de la XXIII Legislatura local, diputada Eva Gricelda Rodríguez.

Los inicialistas de la reforma son el Poder Ejecutivo y el diputado Juan Manuel Molina García, quienes en su exposición de motivos mencionaron que, actualmente, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial es el órgano encargado de las funciones de administración, vigilancia, supervisión y disciplina, así como el desarrollo de la carrera judicial.

Argumentaron que, desde su creación a la fecha, no ha logrado eficientizar la administración del recurso económico en el Poder Judicial, al duplicarse las estructuras administrativas del personal del Consejo de la Judicatura y del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, lo cual ha generado un déficit financiero y un retraso en la concreción de la implementación del nuevo modelo de justicia, así como problemas financieros en el Servicio Médico Forense y carencias de recursos materiales, que han colocado a este Poder al borde de paros laborales.

La presente Declaratoria también incluye la aprobación de 3 reservas en lo particular al referido dictamen 49; la primera del diputado Juan Meléndrez Espinoza, mediante la cual solicita sea omitida de dicho dictamen, la reducción de la participación de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana en el Comité de Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.

La segunda presentada por el legislador Juan Manuel Molina García, por la que se instauran las Salas Metropolitanas, las cuales darán servicio a la zona costa de Baja California, además de que se modifica la entrada en vigor de las reformas, misma que estaba establecida para el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, para cambiarla a partir de los 60 días a partir de su publicación.

Por último, la reserva propuesta por la legisladora María Trinidad Vaca Chacón, con el objeto de conservar la votación de mayoría calificada para el nombramiento de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.