TIJUANA.- Para resolver el problema social y de seguridad pública que representan los denominados “autos chocolate”, la Administración del Gobernador Jaime Bonilla Valdez, podría lograr pronto el programa de regularización vehicular, anunció Mario Escobedo, Secretario de Economía Sustentable y Turismo (SEST).
“Estamos proponiendo que se incluyan vehículos usados de distintos países, de un padrón estimado entre los 500 y 700 mil automóviles que pudieran sujetarse a este programa”, indicó.
Mencionó que se ha creado un grupo de trabajo con varios funcionarios federales, para analizar la propuesta que el Gobernador presentó hace varios meses.
La propuesta, es para que la regularización tenga un costo de 3 mil 600 pesos, a diferencia de los 20 a 30 mil pesos que cuesta importar una unidad de modelo reciente, y se eliminaría también la obligación del certificado de origen.
Explicó que dentro de ese grupo de trabajo está participando el Subsecretario de Seguridad Pública federal, Ricardo Mejía Berdeja, además de funcionarios del Sistema de Administración Tributaria (SAT), Registro Público Vehicular, la Secretaría de Economía y otras áreas involucradas.
“Tendremos una reunión virtual cada semana, hasta que salga, y creemos que estamos por recibir una respuesta para saber los procedimientos con que se atenderá esto, que ha sido un añejo reclamo de los bajacalifornianos”, mencionó.
Reconoció que los funcionarios del Gobierno Federal están comprometidos con este programa de regularización, porque no nada más es un tema de economía, sino que también es asunto prioritario de seguridad pública.
Dijo además que se trata de un asunto que contempla una solución compleja, ya que tiene que ver, también, con procedimientos de Hacienda y de Aduanas, para la regularización de las unidades que circulan en esas condiciones en la entidad.
“No queremos nacionalizar los vehículos, sino fronterizarlos, porque ya están en Baja California, además de que no representan una competencia desleal para la industria automotriz”, consideró.
Añadió que este plan de regularización, forma parte de una propuesta integral que el Gobernador Bonilla Valdez está planteando, con la participación del nuevo Sistema de Administración Tributaria Estatal y la Comisión de Comercio Exterior.
En cuanto a lo social, señaló que, si se le confisca un automóvil a una familia en estas condiciones, se está afectando su patrimonio, pero en el momento que se cuente con ese programa, el que no quiera cumplir podría perder su vehículo.
“Vamos a actuar con la razón con el diálogo para conseguir ese acuerdo, con el que le daremos oportunidad a toda la gente que tiene sus carros, que no los pueden importar, aunque quieran”, sostuvo en conferencia de prensa virtual.
El programa, además de resolver una necesidad social, de seguridad y económica, solucionaría un problema en materia ambiental, afirmó.
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