TIJUANA.- En un juicio de amparo, un juez federal ordenó a la Comisión Estatal de Servicios Públicos (CESPT) recontectarle el servicio de agua a la Plaza Paseo 2000, luego de que la misma paraestatal aceptara que no tiene adeudo por el suministro del vital líquido.

En desacato a la instrucción y ante presencia de oficiales de la Policía Municipal de Tijuana, empleados además acudieron a tapar con cemento el drenaje.

Según FISAMEX, auditora del agua contratada por el Gobierno del Estado, informó al gobernador Jaime Bonilla Valdez que la empresa Arco Áreas Comerciales (AAC), dueña de la Plaza Paseo 2000, debe pagar consumo de agua por 16.8 litros por segundo, de acuerdo a la extensión del predio en donde está el centro comercial.

Situación que el propio mandatario expuso en una de sus transmisiones en redes sociales, al hablar de empresas que se roban el agua.

La empresa AAC negó deber el suministro, por el contrario presentó su último recibo de pago de más de 81 mil pesos por concepto de consumo en el mes de junio.

Debido a que la CESPT no quiso reconectar el agua, la empresa tuvo que solicitar la protección de la justicia para salvaguardar sus derechos.

Y expuso ante el juez que la ley les faculta a pagar solo 4.8 litros por segundo de agua, como lo estipuló la Cespt, cuyo departamento jurídico lo ratificó así al Juez a cargo del Amparo.

Porque expusieron se cobra en base al consumo que habrá por los comercios y visitantes, pues no se hará un consumo en cada metro cuadrado, además de que la Comisión no tiene capacidad de suministrar eso 16.8 litros.

Y aunque el consumo acordado y pagado es de 4.8, Paseo 2000 sólo consume el 1.9, además la empresa aseguró nunca han robado agua y siempre han pagado todos sus derechos, tal es el caso que así lo aceptó la misma Comisión ante el juzgado.

Tras el corte de agua y ante la situación por la pandemia por el COVID-19, como parte del juicio, solicitaron al juez la reconexión a fin de dar cumplimiento a la nueva normalidad.

Hasta ahora es la única empresa en Tijuana que ha buscado jurídicamente combatir ese cobro de agua que hace la CESPT.