MEXICALI.- El presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California, Francisco Fiorentini Cañedo, pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE) copia del acuerdo por el que determinó el no ejercicio de la acción penal en la investigación iniciada por el delito de negociaciones ilícitas, en contra del exoficial Mayor, Jesús Núñez, y de la exsecretaria del Bienestar Social del Gobierno del Estado, Cinthya Gisel García.

Fiorentini Cañedo advirtió que el resultado de la investigación, así como las causas o razones en las que se apoyó la autoridad investigatoria son de gran trascendencia para la sociedad y cada uno de sus integrantes por su origen en posibles hechos de los que el correcto uso de los recursos públicos y la adecuada marcha de la función pública pudo haber sido trastocada ilícitamente mediante actos de corrupción.

De ser el caso, explicó Fiorentini Cañedo, la sociedad quedaría inerme e indefensa.

Dirigida al fiscal General Guillermo Ruiz, el consejero ciudadano enfatiza que está petición la legítima el derecho humano a vivir libre de corrupción reconocido por la Constitución Política del Estado y en los tratados internacionales sancionados por el Estado Mexicano legitiman su interés pleno.

Agregó que esta petición se formula para estar en condiciones de ejercer el recurso que establece el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con relación directa en la fracción VII del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que en el proceso penal se pueden impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como en la reducción resoluciones de reserva, el no ejercicio, el desestimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no está satisfecha la reparación del daño.