Por Said Betanzos-Arzola

Carlos Alberto Flores es titular de la División de Combate a Drogas de la casi ex tinta Policía Federal.

Hoy su nombre se baraja para ser el próximo titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que en estos momentos está a cargo de Fernando Sánchez.

En 2006 el Cártel de los hermanos Arellano Félix trató de asesinar el entonces secretario de Seguridad Pública del Estado, Manuel Díaz Lerma, por eso tuvo que dejar el cargo e irse al extranjero.

Lo relevó Víctor de la Garza Herrada, entonces le cambió la suerte a Flores porque lo nombró Director de la Policía Estatal Preventiva (PEP) en Baja California.

El gusto le duró muy poco. En 2007 lo arrestaron en los Estados Unidos al pretender cruzar la frontera pistolas y cartuchos, que adquirió en una feria de armas en Phoenix, Arizona.

Lo hizo con el entonces comandante Guillermo Valle y el oficial, José Santos Cortés González.

Apenas subía a su auto Flores, cuando fueron sorprendidos por un agente encubierto de la ATF. Tres revólveres y 450 balas le incautaron.

Era fin de semana. Al no volver y no aparecer en los operativos, iniciaron los cuestionamientos y la noticia trascendió pues era un mando protagónico.

Volvió pero sólo para entregar el uniforme y desaparecer de las escena policial. Aunque él jamás fue sentenciado por lo sucedido, pues el comandante asumió la responsabilidad de comprar las armas en Estados Unidos.

Luego un amigo suyo, que para entonces era mando en la Policía Federal, lo ayudó a ingresar a esa corporación.

Su tenacidad lo ayudó a escalar posiciones y hasta hace unas semanas, tener una relación de amistad con el hoy Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño.

Aunque sobre él, pesan dos investigaciones, en la FGR y la CNDH, por presuntamente catear sin una orden judicial las  habitaciones de sus compañeros, cuando vivían en hoteles. Para eso abusó del mando que tenía, desconociéndose porqué motivo se realizó ese operativo en julio de 2018.

Eso le ayudó a presentar sus credenciales ante el reconocido abogado tijuanense Guillermo “Titi” Ruiz Hernández y a su vez al próximo mandatario Jaime Bonilla Valdez, quienes lo ven con buenos ojos para cambiarle el rostro y nombre a la PEP, cuyos días están contados.