Investiga EE.UU. a exgobernador de Nayarit y a magistrado por nexos con el narcotráfico

Internacional Local

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó al magistrado Isidro Avelar Gutiérrez y al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, de tener vínculos con grupos criminales, incluyendo el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) detalló que en el magistrado aceptó sobornos del CJNG y “Los Cuinis”, siempre a cambio de favorecer con fallos en favor de importantes integrantes de esas organizaciones.

 

 

Mientras que al exgobernador de Nayarit se le acusa de aceptar sobornos del CJNG como de los Beltrán Leyva a cambio de información y protección, ademas de apropiarse de tierras del Estado.

Y lo vinculan también con la organización criminal liderada por Raúl Flores Hernández.

También señalan a su esposa Ana Lilia López Torres, sus hijos Alejandra Sandoval López y Roberto Sandoval López, por beneficiarse de sus actividades criminales.

Si bien ambos personajes son los más importantes acusados por la OFAC, en total se investigan a seis ciudadanos y organizaciones de origen mexicano por sus vínculos tanto con el CJNG como con Los Cuinis, así como a otras tres personas y cuatro grupos vinculados en actividades ilícitas de Sandoval Castañeda.

 

Sigal Mandelker, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera declaró que “las acciones coordinadas del gobierno de Estados Unidos con nuestras contrapartes mexicanas avanzan en nuestro objetivo conjunto de combatir la corrupción“.

Funcionarios como Isidro Avelar Gutiérrez y Roberto Sandoval Castañeda se enriquecieron insensiblemente a costa de sus compañeros ciudadanos. Ya sea recibiendo sobornos de organizaciones del narcotráfico o involucrándose en otras actividades ilícitas, estos y otros funcionarios corruptos enfrentarán serias consecuencias, incluyendo ser excluidos del sistema financiero estadounidense”, añadió.

Como parte de las medidas anunciadas contra ambos individuos, el Departamento del Tesoro señaló el bloqueo de todas las propiedades, acciones e intereses de su propiedad o de las que posean más del 50 por ciento. Asimismo, prohibió todas las posibles transacciones de ciudadanos de Estados Unidos con el magistrado o el exgobernador.

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